El 14 de Abril de 1931 se declaraba la II República. Alfonso XIII era obligado a dejar el país. El gobierno provisional lo formó el comité revolucionario formado en el Pacto de San Sebastián, y el presidente era Alcalá Zamora. El objetivo del gobierno provisional era organizar unas cortes constituyentes para elaborar una constitución, pero durante los primeros meses se centraron en abordar una serie de reformas inmediatas:

  • el debate territorial: el nacionalismo catalán se quedó satisfecho cuando el gobierno permitió a Cataluña tener un gobierno autónomo (la Generalitat).
  • reformas en el mundo rural. Los campesinos vieron una esperanza en las leyes del laboreo forzoso, que obligaba a los propietarios a cultivar la tierra, y el decreto de términos municipales, que obligaba a los propietarios a contratar preferentemente a los campesinos del propio municipio, para combatir así el paro.
  • reforma educativa. Objetivos prioritarios: erradicar el analfabetismo y promover una enseñanza laica. Se crearon 7.000 nuevas escuelas y se estableció la no obligatoriedad de la enseñanza de la religión, lo cual nada gustó a la Iglesia, que se convertiría en el principal enemigo de la República.
  • reformas en el ejército. Para asegurar que todos los militares apoyaban la República, se ofreció una Ley de Retiro, que consistió en reducir el número de oficiales de forma que a los no adictos al régimen republicano se les ofrecía el retiro voluntario, siguiendo cobrando su sueldo.
  • la cuestión del orden público se aborda con la formación de un nuevo cuerpo de policía armada, la Guardia de Asalto, a la que se confió la seguridad en las ciudades.

Primeras reacciones y conflictos: los empresarios temieron con la implantación de la República, ya que España estaba en la peor situación posible. Las grandes obras públicas de Primo de Rivera se habían costeado endeudando a España con otros países europeos, además del déficit en el que se encontraba el país, la Bolsa de Madrid se desplomó, mil millones de pesetas fueron retirados de los bancos. Pero el primer conflicto serio al que tuvo hacer frente la República fue con la Iglesia Católica. Mientras un sector de los obispos decidió respetar el nuevo régimen, otro, más radical, encabezado por el cardenal Segura, se mostró beligerante. Los diarios de corte católico como el ABC no ayudaron a la relación República-Iglesia. La publicación de una pastoral del cardenal Segura en la que elogiaba a Alfonso XIII fue la gota que colmó el vaso. El gobierno ordenó la expulsión del cardenal Segura y acto seguido hubo incidentes anti-eclesiásticos. Algunos grupos de extrema izquierda se dedicaron a quemar iglesias y conventos. A partir de ese momento la mala relación entre la República y el Gobierno fue irreversible.

El gobierno provisional convocó elecciones a Cortes con el fin de dotar a la república de una constitución. Antes de las elecciones se publicó un decreto que modifica la Ley Electoral, con el cual se pretendía acabar con las prácticas fraudulentas del sistema caciquil. Fueron las primeras elecciones limpias en España. Las grandes coaliciones salieron beneficiadas en cuanto a votos, pero también tuvieron su oportunidad los pequeños grupos. Aun así, el claro vencedor de las elecciones fue la coalición de republicanos y socialistas, que obtuvieron casi el 90% del Parlamento.

Las Cortes Constituyentes elaboraron y aprobaron la primera constitución republicana de la historia de España. La Constitución definía a España como una República democrática de trabajadores, contenía una amplia declaración de derechos y libertades. Se reconoció el derecho de voto de las mujeres, el matrimonio civil, el divorcio, educación obligatoria y gratuita… Se estableció la división de los poderes legislativo, ejecutivo y jurídico. Las Cortes tenían el poder legislativo, la jefatura del Estado (o sea Alcalá Zamora) ostentaba el poder ejecutivo, y la justicia quedaba en manos de los jueces y tribunales.

Los grandes debates en las Cortes fueron principalmente estos tres:

  • el debate sobre la organización del territorio nacional, ya que Cataluña, con ansias de autonomía, había, por su cuenta, aprobado el Estatuto de Nuria (una especie de constitución para ellos), y pretendían autodefinirse independientes. Pero esos estatutos debían ser aprobados por las Cortes, y nunca hubo consenso.
  • el debate más importante y truculento fue el de la separación de Estado-Iglesia. La constitución declaró la libertad de cultos y eliminó la financiación estatal de la Iglesia.
  • el voto femenino también estuvo cuestionado. Pero diputadas como Victoria Kent o Clara C

Una vez aprobada la constitución de 1931, fue elegido presidente de la República Niceto Alcalá Zamora, con el apoyo de la coalición republicano-socialista. Alcalá Zamora encargó a Azaña que formara gobierno. El bienio reformista (1931-1933) no pudo empezar en peor momento. El mundo vivía una profunda crisis debido al Crack del 29. España notó las consecuencias de la crisis más bien por sus propios problemas tradicionales económicos que por la magnitud de la crisis. El desempleo se situó en el 10%. La evolución negativa de la economía impidió realizar las reformas que el gobierno propuso, que aun así, fueron muchas y afectaron a todos los ámbitos:

  1. la política religiosa. El gobierno aprobó la Ley de Divorcio y dejó de financiar a la Iglesia, también cerró los centros docentes religiosos. La prensa católica vendió las reformas como acosos y ataques a la Iglesia.
  2. en cuanto a la política educativa y cultura, el gobierno del bienio reformista tuvo ambiciosos planes, que no pudieron hacerse realidad completamente debido a la situación económica. Aun así, se construyeron 13.000 escuelas y se aumentó el número de maestros a 50.000. El presupuesto en educación pasó del 5 al 7%. La política educativa vino de la mano de la cultura, se crearon las Misiones Pedagógicas, destinadas a la extensión de la cultura en áreas rurales, en dichas misiones colaboraron intelectuales como Machado, Pedro Salinas o Miguel Hernández. Las bases de la reforma educativa eran hacer la educación gratuita y laica.
  3. Largo Caballero se ocupó de las reformas laborales. Intentó seguir la política social que había puesto en marcha durante el Gobierno Provisional. Se reguló la jornada laboral y el trabajo de las mujeres y los niños, se regularon los sindicatos… Largo Caballero orientó su actividad a mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los obreros y jornaleros del campo.
  4. uno de los problemas que se arrastraba desde la Restauración era la creación de una organización territorial que pudiera satisfacer los deseos de las regiones con sentimientos más nacionalistas, como Cataluña o el País Vasco. La constitución intentó resolver este problema mediante el reconocimiento del derecho de las regiones a constituirse en autonomía. Cataluña fue la primera región en iniciar el proceso. Se aprobó el proyecto de estatuto para Cataluña, que obtuvo importantes competencias exclusivas como en derechos, administración o servicios. Aunque una de sus principales limitaciones fue la reducida capacidad de autofinanciación. Más difícil fue el proceso de elaboración del estatuto vasco, pues existían diferencias importantes dentro de sus partidos políticos, la coalición republicano-socialista no llegó a acuerdo con el PNV, que exigía, entre otras cosas, la región de Navarra como parte de la región autónoma vasca. En Galicia el principal problema a la hora de poner en marcha un estatuto era la ausencia de un partido nacionalista fuerte. En Andalucía, Aragón, Valencia y Baleares se quedaron en la fase preparativa en cuanto a estos temas de estatutos.
  5. la reforma agraria fue la obra de mayor envergadura del bienio de izquierdas. El problema agrario en España mostraba una doble vertiente: por un lado gran parte del sector agrícola presentaba rasgos arcaicos: atraso técnico, baja productividad, mano de obra barata… y una mala estructuración de la propiedad: en el norte predominaba la pequeña propiedad y las explotaciones minúsculas y en el sur existían extensos latifundios, donde los propietarios tenían a un enorme proletariado rural a su servicio y viviendo en míseras condiciones. Por otro lado, el sector agrario había decaído aun más por la crisis mundial y la situación económica española, había mucho desempleo. Para cambiar esta situación tan precaria el gobierno aprobó la Ley de Bases de la Reforma Agraria, que pretendía la modernización técnica, acabar con el latifundismo y redistribuir la propiedad. La propiedad de todas las fincas correspondió al Estado, que dejó en manos de las comunidades de campesinos la decisión del tipo de explotación. Se creó el Instituto de Reforma Agraria, con un presupuesto de 50 millones de pesetas (insuficiente), para llevar a cabo las leyes. Los resultados de esta política fueron reducidos, de los 60.000 campesinos a los que se pretendía asentar sólo se asentó a 12.000. Había poco presupuesto para llevar a cabo las propuestas.

La obra del bienio reformista provocó una fuerte oposición tanto en la izquierda como en la derecha. Por un lado, los anarquistas estuvieron durante todo el bienio intentado establecer el anarquismo mediante insurrecciones e intentos de huelga. Los anarquistas estaban todo el día alterando el orden público, por lo que se produjeron importantes y sangrientos enfrentamientos entre la Guardia Civil y los anarquistas. El episodio más trágico y que peor prensa le dio al bienio fue el de Casas Viejas, en 1933, cuando la Guardia Civil acribilló a ocho campesinos de la CNT y fusiló a otros doce.

A mediados de 1933 el gobierno de Azaña sufrió el acoso de las organizaciones de empresarios y patronos, que se quejaban de las reformas agrarias y en la política laboral de Largo Caballero, también la CNT prosiguió sus huelgas y movilizaciones. La crisis de la coalición republicano-socialista vino empujada por el Partido Radical de Lerroux y por el descontento del presidente de la república, Alcalá Zamora, que definitivamente decidió cesar a Azaña y encargó la formación de gobierno a Lerroux, después de disolver las Cortes.

Las elecciones generales de 1933 (en las que se hizo efectivo el voto femenino) dieron el triunfo a la derecha, la CEDA y el Partido Radical. La CEDA era un sector de la derecha, contrario a la república, que había optado por la vía pacífica (electoral) para hacerse con el control de la república y cambiar su contenido. Contaba con el apoyo de la Iglesia.

Con las nuevas elecciones el Parlamento estaba muy dividido, los partidos que habían proclamado la república estaban confundidos, ya que ahora la mayoría la ostentaba una coalición de centro-derecha que nada tenía que ver con los ideales del gobierno provisional. El Partido Radical había girado hacia la derecha y, junto a la CEDA, tenía el control de Parlamento y el poder en el gobierno.

Lo primero que hizo Lerroux fue reformar las reformas que se habían puesto en marcha durante el bienio reformista. Se modificó, a petición de la CEDA, la política religiosa: se reactivaron los colegios religiosos y el Estado siguió financiando a la Iglesia. Con respecto a las reformas agrarias y política laboral que había propuesto Largo Caballero, el gobierno de Lerroux devolvió las tierras a la aristocracia latifundista y se desplazó el poder de los sindicatos a los empresarios. También debido a las presiones de la CEDA, el gobierno aprobó una amnistía para los condenados por el intento de golpe de estado de 1932. Los problemas afloraron inmediatamente después de reformar las reformas. Hubo una huelga general del campesinado como respuesta a la bajada de salarios de los empresarios, en Cataluña hubo tensión política entre la Generalitat y el gobierno central de Lerroux, y en el país vasco hubo también problemas porque la CEDA y el Partido Radical se oponían al estatuto de autonomía vasco.

En octubre de 1934 hubo una revolución por parte de las izquierdas, la UGT y el PSOE se aliaron quejándose de que la entrada de la CEDA en el gobierno era una traición a la república (ya que los de la CEDA eran más conservadores que pa qué). Los republicanos de izquierdas temían que Gil Robles (cabeza de la CEDA) se hiciera con el poder de la república de forma legal (como había hecho Hitler en Alemania en 1933). Sin embargo, todo el paripé montado por los de izquierdas no era para tanto, ya que Alcalá Zamora sólo había concedido a la CEDA tres ministerios dentro del gobierno, tampoco tenía tanto margen de maniobra para hacerse con el control.

Aun así los socialistas, con Largo Caballero al frente, comenzaron insurrecciones y convocaron huelgas en las principales ciudades, con la esperanza de que el ejército les apoyase. Sin el apoyo de la CNT, el intento de revolución quedó en nada. Únicamente en Asturias se produjo una auténtica revolución social. La llevó acabo un grupo de trabajadores obreros que, armados con la dinamita, tomaron el centro de Oviedo. El gobierno decidió enviar al ejército del Protectorado de Marruecos y a la Guardia Civil para reprimir esa revolución. El balance final fue de un millar de muertos revolucionarios y trescientos de las fuerzas de seguridad. Se arrestó a 30.000 personas.

El final del bienio derechista llegó cuando la CEDA comenzó a, de verdad, meter la mano en las decisiones importantes. Lerroux acabó sometido a las exigencias de la CEDA, hasta tal punto que Gil Robles tomó decisiones, como la planificación de la reforma constitucional o la política militar, por ejemplo, designar a Franco como jefe del Estado Mayor. De pronto salió a la luz el escándalo del estraperlo, que afectó a políticos del Partido Radical. Parecía la oportunidad de Gil Robles para acceder al poder, debido a la debilidad del Partido Radical, pero Alcalá Zamora se negó a entregarle el poder. En medio de rumores de un golpe de Estado, el presidente de la república disolvió las Cortes y convocó nuevas elecciones para febrero de 1936.

Las elecciones de 1936, las últimas elecciones de la II República, dieron el triunfo al bloque de izquierdas, que se había constituido en el Frente Popular (comunistas, socialistas y republicanos de izquierdas). En las elecciones de 1936 se enfrentaron los dos bloques políticos: la derecha y la izquierda. La izquierda, unida en el Frente Popular, venció. La derecha, desunida. La CEDA intentó hacer pactos electorales, pero no le sirvieron de mucho. Con la victoria de Frente Popular, el presidente de la república, Alcalá Zamora, encargó a Azaña la formación de gobierno. Las primeras decisiones estuvieron dirigidas a tranquilizar el panorama político: se concedió la amnistía general, se restableció la autonomía de Cataluña y se reanudó el proceso reformista del bienio reformista.

Para calmar las tensiones en el mundo rural, el gobierno puso en marcha la reforma agraria de 1932, y se volvió a caer en el problema de la confrontación entre Iglesia y República. Mientras el gobierno intentaba tranquilizar el ambiente, el bloque de derechas llamaba a la insurrección, al levantamiento y a la violencia.

Una vez constituidas las nuevas Cortes se destituyó por consenso total a Alcalá Zamora como presidente de la república, y en su lugar se puso Azaña. El nuevo presidente del gobierno fue Casares Quiroga. La debilidad del gobierno pronto se hizo patente. Los conflictos y la violencia política, a los que se sumaba la debilidad de los dos grandes partidos: PSOE y CEDA, contribuyeron a la debilidad de la república. Era un ambiente en el que la prensa derechista y la Iglesia llamaban a la rebelión. Ante tanta violencia en las calles entre militantes de izquierdas y de derechas el gobierno reaccionó y detuvo a Antonio Primo de Rivera y cerró la sedes de Falange, aun así, la violencia siguió.

De forma paralela a los ataques políticos de la CEDA hacia el gobierno un pronunciamiento militar iba tomando forma. Generales como Sanjurjo, Franco o Mola estaban decididos a acabar con la República de forma directa y sin miramientos. El gobierno se lo temía e intentó frenar la conspiración recolocando a esos militares, por ejemplo, a Franco lo destinaron a las islas Canarias. Pero no pudieron hacer nada, pues la sublevación militar contó con el apoyo político de la CEDA, y de otros partidos carlistas, alfonsinos, la Falange de las JONS… etc.