Antes de transformar materialmente una parte de la ciudad, suele ser necesario transformarla en el discurso. En la Ciudad de México de mediados del siglo XX, la denominada “herradura de tugurios” convirtió un conjunto heterogéneo de barrios populares en una única figura de deterioro, inmoralidad y atraso. Aquella construcción simbólica ayudó a legitimar proyectos de renovación urbana que prometían modernizar el centro, pero que también desplazaron a quienes lo habitaban.
Durante la primera mitad del siglo XX, el rápido crecimiento de Ciudad de México produjo una intensa presión sobre la vivienda popular. Numerosas familias de bajos ingresos habitaban vecindades, pensiones, edificios subdivididos y asentamientos cercanos a los mercados, estaciones ferroviarias y principales áreas de actividad económica.
En 1952, un plano elaborado por el Departamento de Estudios y Proyectos del Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas representó las áreas de vivienda deteriorada que rodeaban parcialmente el centro. La zona sombreada dibujaba una figura semicircular que fue denominada “herradura de tugurios”. El mapa no se limitaba a localizar inmuebles en mal estado: reunía bajo una sola imagen amplias zonas populares situadas principalmente al norte, este y sureste del centro urbano.
La delimitación no fue completamente estable. Las diferentes investigaciones y proyectos urbanísticos modificaron sus contornos, pero generalmente se incluían áreas de Guerrero, Tepito, La Lagunilla, La Merced y Candelaria de los Patos. En 1958, el Instituto Nacional de la Vivienda consolidó institucionalmente el concepto al publicar el estudio Herradura de tugurios: problemas y soluciones. Por tanto, no se trataba solamente de una expresión periodística o popular: era una categoría empleada por organismos de vivienda y planificación urbana.
La imagen de la herradura simplificaba una realidad mucho más compleja. Dentro de sus límites convivían vecindades, mercados, pequeños talleres, pensiones, comercio callejero, almacenes, actividades ferroviarias, viviendas de alquiler y diferentes economías populares. El mapa transformaba esa heterogeneidad social y funcional en una única superficie aparentemente homogénea: el espacio del deterioro.
“Tugurio”: una palabra que no solo describe edificios
El término tugurio parecía referirse a construcciones hacinadas, insalubres o deterioradas. Sin embargo, su significado era mucho más amplio.
La vivienda precaria aparecía asociada a determinadas poblaciones y actividades: trabajadores no asalariados, cargadores, estibadores, vendedores ambulantes, migrantes, habitantes de pensiones, trabajadoras sexuales y personas situadas en los márgenes de los mercados laborales formales. En torno al centro se concentraban también numerosos mercados públicos y actividades callejeras fundamentales para el abastecimiento y el funcionamiento cotidiano de la ciudad.
La categoría mezclaba así tres diagnósticos.
- El primero era habitacional: hacinamiento, falta de ventilación, deterioro constructivo y ausencia de servicios adecuados.
- El segundo era urbanístico: densidad elevada, mezcla de usos, ocupación intensa de las calles, comercio informal y dificultad para aplicar los principios del urbanismo moderno.
- El tercero era moral y político: pobreza, informalidad, prostitución, desorden, peligrosidad y presencia de grupos considerados difíciles de gobernar.
La expresión no describía únicamente las condiciones materiales de los edificios. Producía una asociación entre el estado físico del territorio y la supuesta condición social o moral de quienes lo habitaban. Los edificios eran deteriorados, pero también sus residentes aparecían como poblaciones atrasadas, conflictivas o incompatibles con la modernización urbana. Aquí reside una de las claves del concepto: el estigma territorial se trasladaba del espacio a sus habitantes.
La construcción de la herradura realizó una operación de homogeneización. Barrios diferentes, con historias, identidades y funciones distintas, fueron agrupados bajo una misma geometría. Guerrero no era Tepito; Tepito no era La Merced; una vecindad no cumplía la misma función que un mercado, una pensión o un taller ferroviario. Sin embargo, el plano los convertía en componentes de una misma patología urbana.
También se produjo una operación de deshistorización. El deterioro parecía una cualidad natural del territorio, como si los edificios y sus habitantes hubieran generado espontáneamente la decadencia. Quedaban en segundo plano otros procesos: la desinversión, el abandono de los propietarios, el deterioro acumulado, la sobreexplotación de viviendas de alquiler, la insuficiencia de la política habitacional y la falta de alternativas asequibles. La propia documentación histórica relaciona parte de aquel deterioro con inmuebles abandonados o sobreexplotados y con una fuerte diferencia entre los alquileres que podían pagar las familias populares y el coste de las viviendas nuevas. El resultado era políticamente eficaz. Si el deterioro era interpretado como una característica interna del barrio, la intervención dejaba de parecer una elección entre distintas políticas urbanas. Se convertía en una necesidad técnica.
La secuencia podía resumirse así:
clasificar el territorio, diagnosticar su decadencia, deslegitimar sus usos existentes y justificar su transformación.
Esta lógica coincide con lo que puede denominarse justificación ideológica de la renovación autoritaria: discursos de progreso, modernización, higiene, orden o interés general que presentan la transformación como inevitable mientras relegan sus costes sociales.
Tlatelolco y la utopía de una ciudad sin vecindades
El gran proyecto asociado a esta visión fue el Conjunto Urbano Nonoalco-Tlatelolco, diseñado por Mario Pani y construido durante los primeros años de la década de 1960.
Tlatelolco materializaba buena parte de los ideales del urbanismo moderno: bloques residenciales de gran altura, separación de circulaciones, amplias áreas verdes, equipamientos, servicios públicos y alta densidad organizada mediante supermanzanas.
El proyecto pretendía sustituir un paisaje de viviendas populares, instalaciones ferroviarias y asentamientos precarios por un gran conjunto planificado. Pero la modernización tuvo un coste social. Una investigación académica sobre el conjunto cifra en unas 7.000 las personas desplazadas de aproximadamente 1.000 viviendas. Aunque se planteó la posibilidad de que algunos habitantes accedieran posteriormente a los nuevos departamentos, sus precios quedaron fuera del alcance de buena parte de la población desalojada.
La contradicción resulta evidente. La intervención afirmaba resolver el problema de la vivienda popular, pero buena parte de quienes habitaban previamente el territorio no pudieron permanecer en el nuevo conjunto. El espacio central fue modernizado, pero también socialmente seleccionado.
La operación no consistía en eliminar el valor del lugar. Al contrario: su centralidad, conectividad y potencial urbano eran precisamente lo que hacía deseable la intervención. Lo que se desvalorizaba no era la localización, sino a las poblaciones y actividades que ocupaban aquella localización. Podemos expresarlo mediante una doble operación:
- Desvalorización simbólica de los habitantes existentes, presentados como parte del deterioro.
- Revalorización material y simbólica del espacio, presentado después como moderno, ordenado y adecuado para otros grupos sociales.
No se renunciaba al valor del centro. Se intentaba separar ese valor de quienes lo habían habitado hasta entonces.
¿Podemos hablar de gentrificación?
Aplicar retrospectivamente el concepto de gentrificación a las operaciones modernistas de mediados del siglo XX exige cautela. Tlatelolco fue concebido principalmente como un proyecto de renovación urbana, vivienda colectiva y erradicación de asentamientos considerados insalubres. No conviene convertir cualquier demolición o transformación urbana en gentrificación, porque el concepto perdería precisión. Sin embargo, el proyecto presenta elementos que hoy reconocemos en procesos de gentrificación autoritaria o renovación urbana excluyente:
- intervención estatal vertical;
- planificación territorial a gran escala;
- desplazamiento directo;
- eliminación de viviendas y actividades populares;
- escasa participación de la población afectada;
- selección socioeconómica de los futuros residentes;
- legitimación mediante discursos de modernización y progreso.
Por ello, resulta más riguroso interpretar la herradura y Tlatelolco como antecedentes históricos de determinadas formas contemporáneas de gentrificación autoritaria, en lugar de afirmar sin matices que constituyeron un caso clásico de gentrificación.
La categoría es útil no porque ambas situaciones sean idénticas, sino porque permite identificar una estructura común: el Estado define un territorio como deficitario, moviliza su capacidad regulatoria y material, transforma rápidamente el espacio y redistribuye de manera desigual la posibilidad de permanecer en él.
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De la excavadora al precio: la conexión con el Bando Dos
Décadas después, la política urbana de Ciudad de México volvió a plantear la necesidad de intervenir sobre las áreas centrales, aunque bajo un régimen económico y urbanístico diferente.
El Bando Dos, aprobado en diciembre de 2000, buscó impulsar el crecimiento habitacional en las zonas centrales, revertir su despoblamiento, contener la expansión periférica y aprovechar mejor la infraestructura existente. La política combinaba actuación pública, cambios administrativos, agilización de licencias y estímulos a actores privados.
No existe, entre las fuentes revisadas, evidencia suficiente para afirmar que el Bando Dos recuperara conscientemente la categoría de “herradura de tugurios” o que sus responsables se consideraran continuadores directos de los proyectos de los años cincuenta. La relación debe formularse, por tanto, como una genealogía crítica, no como una causalidad documental. En ambos momentos encontramos una construcción del centro como territorio problemático:
- en la década de 1950, el problema era el tugurio, la insalubridad y el desorden;
- a comienzos del siglo XXI, el problema era el despoblamiento, la infrautilización y la expansión periférica.
También cambia el mecanismo de transformación: en el urbanismo modernista, el Estado adquiría suelo, demolía, construía y reorganizaba directamente el territorio. En el contexto del Bando Dos, el Estado modificaba las condiciones regulatorias para atraer inversión y concentrar el desarrollo inmobiliario en las áreas centrales.
En el primer caso, la excavadora podía producir el desplazamiento de forma inmediata. En el segundo, la selección social podía realizarse progresivamente mediante el aumento del valor del suelo, los precios de la vivienda y la exclusión económica.
Diversas investigaciones han señalado que el Bando Dos contribuyó a dinamizar la construcción en la ciudad central, pero también produjo un fuerte encarecimiento del suelo y de la vivienda, dificultando que los objetivos de redensificación beneficiaran por igual a los hogares de menores ingresos.
La continuidad histórica no reside, por tanto, en que ambas políticas fueran iguales. Reside en la persistencia de una pregunta: ¿qué poblaciones, actividades y formas de habitar son consideradas adecuadas para ocupar la centralidad urbana?
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La estigmatización como infraestructura de la transformación
La historia de la herradura permite comprender que la estigmatización territorial no es simplemente una imagen negativa o una forma de prejuicio. Puede convertirse en una auténtica infraestructura política de la transformación urbana.
Cuando un barrio es presentado repetidamente como peligroso, decadente, informal o fracasado, disminuye el coste político de intervenir sobre él. La demolición puede aparecer como saneamiento; el desplazamiento, como reubicación; la eliminación del comercio callejero, como recuperación del espacio público; la sustitución de habitantes, como regeneración.
Loïc Wacquant ha mostrado cómo los territorios populares pueden ser producidos simbólicamente como espacios problemáticos que requieren intervención, vigilancia o disciplinamiento. Desde esta perspectiva, el estigma no es una consecuencia secundaria de la desigualdad: puede facilitar políticas que profundizan esa misma desigualdad.
Henri Lefebvre permite añadir otra dimensión. El mapa de la herradura representa el triunfo del espacio concebido por técnicos, planificadores e instituciones sobre el espacio vivido por residentes, comerciantes y trabajadores. Para quienes habitaban esos barrios, el territorio era vivienda, proximidad al empleo, mercado, sociabilidad, memoria y supervivencia económica. Para las instituciones, aparecía como una superficie degradada que debía ser reorganizada.
Neil Smith y la teoría del rent gap ayudan, por su parte, a conectar la desvalorización con el potencial económico del suelo. La estigmatización no crea por sí misma una brecha de renta, pero puede contribuir a naturalizar la desinversión y a legitimar posteriormente la captura del valor potencial de una localización central.
El estigma no produce automáticamente la rentabilidad. Pero puede ayudar a volverla políticamente explotable.
