La geopolítica es un juego de estrategia en el que los países utilizan sus cartas buscando beneficios. Normalmente las cartas más usadas son las de las maniobras militares y las sanciones económicas, pero existen otras como el precio del petróleo o las campañas de desinformación. Una carta poco jugada es la de la gestión de las fronteras, una baza que tienen algunos países que sirven de freno de los flujos migratorios. Ocurre con México o con Marruecos, cuyas fronteras con el llamado mundo desarrollado son una oportunidad para negociar con sus vecinos del norte.
Aunque España había tenido varios enclaves en el noroeste de África desde el siglo XV (las llamadas “plazas fuertes”, como Melilla, Ceuta, Orán, Agadir, Ifni, Alhucemas, Tetuán…) no fue hasta 1912 cuando se creó el llamado Protectorado español de Marruecos. Administrativamente hubo varios cambios de denominación, como África Occidental Española (1946-1958) o Sáhara español (1958-1976), pero la ocupación real española nunca fue masiva. Hacia 1970 vivían en este territorio desértico unos 15.000 europeos y 70.000 saharauis (toda la población del Sáhara contaba con pasaporte español). En los últimos años del franquismo hubo un progresivo abandono de la zona.
En 1969 Franco aprobó el Tratado de Fez y devolvió el pequeño enclave de Ifni al reino de Marruecos, que había conseguido su independencia en 1956. Tras este gesto, en 1970 el régimen franquista siguió las recomendaciones de la ONU y preparó la celebración de un referéndum de autodeterminación en el Sáhara español. Intentar contentar a ambas partes fue imposible, y el rey Hasán II organizó en 1975 la conocida Marcha Verde para ocupar con más de 300.000 civiles y 25.000 soldados el territorio. Con Franco agonizando y Juan Carlos I como Jefe de Estado en funciones, España firma el Acuerdo Tripartito de Madrid para regular el futuro de la provincia tras la desaparición de la administración española. El texto lo firmaron Marruecos, España y Mauritania, que acordaron designar un gobernador para la región, una decisión que tomaron conjuntamente con la Asamblea General Saharaui (Djema’a), institución creada en 1967 para representar al pueblo saharaui. Sin embargo el Acuerdo es declarado nulo por la ONU por varios defectos de forma y fondo.
En 1976, el Frente Polisario, movimiento de liberación nacional del Sáhara Occidental creado tres años antes, declara la independencia de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). España se retira del Acuerdo Tripartito el mismo año entendiendo que la gestión de la zona se va a complicar, y Mauritania hace lo propio en 1979. Marruecos, sin embargo, se mantiene firme en la idea de administrar el Sáhara Occidental. La guerra ha comenzado: el Frente Polisario, apoyado por Argelia, y Marruecos, apoyado por Francia, se intercambiarán ataques durante los próximos veinte años, resultando en más de 10.000 muertos y 300.000 desplazados. En 1985 las Naciones Unidas vuelven a pedir un referéndum para el Sáhara y la paz entre ambas partes. La ONU pedirá hasta en seis ocasiones la celebración de una votación por considerar a la RASD un sujeto político. Más de 80 países y la propia Unión Africana reconocen a la RASD como un Estado. En 1991 el Consejo de Seguridad de la ONU dio un paso más y exigió la celebración del referéndum (Resolución 690).
En medio de esta discusión regional aparece España con una posición incómoda. Como potencia colonizadora tiene el deber moral de promover la independencia de su antiguo protectorado, pero como vecino de Marruecos ha de cuidar sus relaciones con el reino alauí. España no reconoce a la República Árabe Saharaui Democrática como un Estado y ha dejado oficialmente de defender el cumplimiento de las resoluciones de la ONU sobre la celebración de un referéndum. Aunque varios partidos políticos, muchos personajes públicos y una parte de la población española defienden el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, ningún gobierno del país ha puesto en peligro la buena relación con Marruecos. La realpolitik se impone a los ideales democráticos e incluso a los derechos humanos.
España tiene mucho interés en conservar su amistad con Marruecos. Esta palabra aparece en el acuerdo de colaboración económica firmado en 1991 entre los dos países, el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación, que se comprometen a celebrar reuniones de alto nivel con una periodicidad anual. Desde entonces, la primera visita oficial de todos los presidentes de España ha sido a Marruecos. Esta tradición se rompió en 2019 tras la investidura de Pedro Sánchez (con la excusa de la pandemia por el nuevo coronavirus). El buen trato entre los dos jefes de Estado, Mohammed VI y el rey Juan Carlos I, ayudó a la sintonía. Sobre la mesa de negociación están los contratos de explotación de los recursos mineros, el reparto de los caladeros de pesca, la colaboración antiterrorista, las ayudas al desarrollo, el reconocimiento de la soberanía sobre el Sáhara, el comercio de frutas y verduras y, por supuesto, el control de las fronteras.
La de Marruecos es la única frontera de la Unión Europea en África. Un metro de tierra separa el continente más pobre del mundo con el espacio más seguro y desarrollado. La presión migratoria es enorme, con millones de potenciales migrantes deseando llegar a suelo europeo. Por ello, Marruecos es el país que más ayudas económicas recibe por parte de la Unión Europea. Gracias al programa MEDA (de colaboración mediterránea) se benefició con 1.400 millones de euros entre 1995 y 2006, y con el Programa de Asistencia a los Vecinos recibió más de 600 millones entre 2007 y 2010. La última ayuda Marruecos hecha pública fueron los 389 millones de euros aprobados por la Comisión Europea en diciembre de 2019. La noticia publicada en la página web de la Comisión reconoce claramente que el dinero es para la gestión de la frontera. Por su parte, España envía al reino alauí 30 millones de euros cada año para mantener la vigilancia fronteriza.
El control de las fronteras es un lucrativo negocio en el que también participan empresas privadas. Desde 2014 hasta 2019 el gobierno español destinó unos 700 millones de euros para el control migratorio: el 65% del dinero fue adjudicado a diez empresas, como la constructora ACS, la armamentística Indra o la empresa de seguridad Eulen. A nivel europeo es la Agencia Frontex la encargada de la seguridad fronteriza, con un presupuesto de 300 millones de euros anuales.
El dinero consigue mantener a los migrantes en África. El dinero levanta vallas electrificadas y muros de hormigón, despliega soldados y lanza drones, coloca cámaras de vigilancia y permite el control efectivo de los pasos fronterizos. Sin embargo el dinero no lo es todo. La diplomacia es otra importante carta que jugar en el tablero internacional. Esta baza ha sido mal jugada recientemente por el Gobierno español, que debía haber sabido que hace tiempo que los derechos humanos y la humanidad están fuera de la mesa de negociación.
Un primer tropiezo del Ejecutivo español llegó cuando el Vicepresidente Pablo Iglesias declaró públicamente que el Gobierno debía trabajar para la celebración del referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui exigido en la Resolución 690 del Consejo de Seguridad de la ONU. Era noviembre de 2020 y las polémicas palabras del vicepresidente llegaban tras varios días de aumento de las hostilidades entre el Ejército marroquí y la población saharaui. En una nota pública en febrero de 2021, el Gobierno de Marruecos señalaría a Iglesias como responsable del alejamiento diplomático entre los dos países. Antes, otro episodio podría haber sumado indignación en el reino alauí: España no secundó la decisión de Estados Unidos de reconocer la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, algo que hizo Donald Trump en diciembre. El silencio del Gobierno español se interpretó como un signo de desacuerdo. Casualmente, la cumbre bilateral anual de alto nivel prevista para mediados de diciembre se canceló. En realidad, pocos países acompañaron a Estados Unidos en este giro radical diplomático, que se dio a cambio de la normalización de las relaciones entre Marruecos e Israel. En cualquier caso, España volvió a cometer un fallo diplomático -un “fallo” si se entiende que lo “correcto” es mantener la amistad con Marruecos- al no sumarse a la política estadounidense. Sería un “acierto” si se considera que lo correcto es mantenerse junto al pueblo saharaui.
El siguiente tropiezo llegaría en abril de 2021, cuando el medio francés Jeune Afrique publicó una importante información secreta. Los servicios secretos españoles no pudieron ocultar algo que debía haberse gestionado con la máxima discreción: el líder del Frente Polisario se encontraba en suelo español. La noticia caería como una bomba en Marruecos: era una traición. Aunque las razones fueran humanitarias (Brahim Ghali se encontraba ingresado en un hospital contagiado de coronavirus), la crisis diplomática no iba a evitarse. El líder saharaui, nacido con nacionalidad española en 1949, había entrado en España desde Argelia con un pasaporte falso, algo que agravaba la situación. La respuesta de Marruecos se hizo esperar, pero sería de dimensiones históricas.
Un mes después, el lunes de 17 de mayo, de manera repentina e inédita, miles de migrantes traspasaron la valla de Ceuta y entraron en la ciudad autónoma. Lo que muchos analistas y políticos calificaron de invasión tuvo la necesaria complicidad de las fuerzas del orden marroquíes. No parece creíble que 9.000 personas abandonaran Marruecos en unas horas si la policía o el Ejército no querían permitirlo. Nunca había ocurrido, y el shock en España fue tal que la primera reacción del Gobierno fue desplegar al Ejército en la frontera. La llegada masiva de migrantes superó las entradas que Ceuta había recibido en los tres años anteriores combinados.
Si bien conceptos como “invasión” o “ataque a la integridad territorial” estuvieron debatiéndose, lo que sí pudo probarse fue la pasividad policial en el lado marroquí. Los documentos videográficos no dejan lugar a la duda: hubo policías marroquíes que incluso abrieron las puertas de las vallas para que los migrantes pudieran atravesar la frontera más fácilmente. Tras dos días de crisis, el Gobierno pudo devolver a unas 6.000 personas, en un problemático proceso que incluyó muchas “devoluciones en caliente”, consideradas ilegales por la Unión Europea. La gestión de los menores de edad (unos 1.500) resultó más complicada, y las 17 comunidades autónomas se comprometieron a repartírselos. Un nuevo debate se abre con esta situación: la responsabilidad de la Unión Europea. ¿Estos migrantes entran en España… o entran en la Unión Europea?
Aunque al tercer día Marruecos selló la frontera e impidió el traspaso de más personas, la breve e intensa crisis fronteriza dejó claras muchas cosas. Los diarios digitales marroquíes en inglés publicaron titulares muy directos: “Spain faces a choice: either Morocco or Polisario leader” (The North Africa Post), “Is Spain Ready to Sacrifice Relations With Morocco for a War Criminal?” (Morocco World News). El mensaje era poco sutil: España debía escoger. El Acuerdo de Amistad entre los dos países abría un espacio de colaboración en muchas materias, pero dejaba fuera convenientemente ciertos temas. Sobre la mesa de negociaciones no está la soberanía de las plazas fuertes del Norte de Marruecos (Perejil, Ceuta, Alhucemas, Melilla, Alborán, Chafarinas…) como tampoco lo está la celebración de un referéndum en el Sáhara.
La diplomacia del chantaje funciona para que todo siga como está. Marruecos no reclamará de manera enérgica aquellas plazas (aunque le molesten las visitas del Jefe del Estado, como ocurrió en el conflicto diplomático de 2007) mientras España no apoye al pueblo saharaui. España seguirá aprobando partidas presupuestarias de ayuda a Marruecos mientras Marruecos siga controlando la migración hacia suelo español. Todos ganan si todo sigue igual, todos quieren estabilidad. Sin embargo cualquier tropiezo diplomático puede hacer temblar la región, una esquina del mundo que nos recuerda la importancia de los procesos de descolonización bien hechos y la vigencia de la hipocresía en las relaciones internacionales.
