En un mundo que se urbaniza a una velocidad sin precedentes, las ciudades se han convertido en el escenario principal donde se manifiestan las desigualdades contemporáneas. Desde el precio de la vivienda hasta la calidad del aire, pasando por el acceso al transporte o a espacios verdes, la vida urbana está marcada por brechas cada vez más profundas entre quienes pueden disfrutar de sus oportunidades y quienes quedan excluidos de ellas. Frente a este panorama, el concepto de “just city” (ciudad justa), propuesto por la urbanista Susan Fainstein, emerge como una herramienta poderosa para repensar cómo planificamos y vivimos nuestras ciudades.
¿Qué es una “just city”?
Para Susan Fainstein, una ciudad justa no es aquella que maximiza el crecimiento económico o la competitividad global, sino aquella que prioriza la equidad, la diversidad y la democracia en la toma de decisiones y en la distribución de los beneficios urbanos. Este enfoque desafía la visión dominante en muchas políticas urbanas que ven la atracción de capitales y de proyectos inmobiliarios como la principal vía para el desarrollo de las ciudades, y que suelen justificar el encarecimiento de la vivienda y el desplazamiento de comunidades vulnerables como “daños colaterales” inevitables del progreso. Fainstein propone que las políticas urbanas se evalúen según tres principios:
- equidad (distribución justa de recursos y beneficios),
- diversidad (preservación de la pluralidad cultural y social)
- y democracia (participación significativa de la ciudadanía en la toma de decisiones).
En palabras de Fainstein, la just city es una ciudad que se pregunta quiénes se benefician de las transformaciones urbanas y que busca garantizar que esos beneficios se distribuyan de manera más equitativa, manteniendo la diversidad cultural y social de los barrios y permitiendo la participación de la ciudadanía en las decisiones que afectan su vida cotidiana.
MÁS INFORMACIÓN: Toward a Just City
El concepto de “just city” no se queda en el plano teórico, sino que se traduce en propuestas concretas que pueden guiar las políticas urbanas:
- Vivienda asequible y regulada: Incorporar políticas que frenen la especulación inmobiliaria y garanticen vivienda digna para todos, evitando desplazamientos provocados por la gentrificación.
- Espacios públicos inclusivos: Proteger y diseñar espacios accesibles, seguros y de calidad, donde diferentes grupos sociales puedan convivir, fortaleciendo la cohesión social.
- Regulación del mercado: Entender que el mercado inmobiliario necesita regulación para que no se convierta en un espacio de extracción de rentas a costa de derechos fundamentales.
- Participación ciudadana real: Crear mecanismos de participación que permitan a la ciudadanía influir en las decisiones urbanas, no solo mediante consultas simbólicas, sino con espacios de decisión efectiva.
- Evaluación de políticas urbanas: Valorar las políticas según criterios de justicia y equidad, más allá de su rentabilidad o eficiencia económica.
Ciudades como Ámsterdam han implementado políticas de control de alquileres y vivienda social, con la intención de garantizar la mezcla social en sus barrios. Sin embargo, incluso estos casos enfrentan tensiones entre el atractivo global de la ciudad, el mercado y la justicia social. El enfoque de la just city invita a reconocer que la planificación urbana es un campo de tensiones políticas donde no todo se puede resolver de inmediato, pero donde orientar las decisiones hacia la justicia social es posible y necesario.
Frente a la financiarización del espacio urbano, donde la vivienda se convierte en un activo financiero, o frente a la gentrificación que desplaza a poblaciones de bajos ingresos en nombre de la revitalización urbana, la just city reclama el derecho de todos a permanecer y prosperar en la ciudad, evitando que el mercado sea el único criterio que define quién tiene lugar en ella.
Las ciudades concentran tanto las oportunidades como las desigualdades de nuestra época. La pandemia de COVID-19 mostró cómo la calidad de la vivienda, el acceso a servicios y los espacios públicos no son lujos, sino necesidades fundamentales para la vida digna. La emergencia climática nos recuerda la importancia de planificar ciudades sostenibles que protejan el medio ambiente y a sus habitantes. Hablar de la just city es hablar de un urbanismo que reconoce que el espacio urbano es un producto social, no un simple escenario neutro. Es reconocer que la ciudad puede ser un espacio de derechos y oportunidades compartidas, o un espacio de exclusión y segregación. Y es asumir que, para construir ciudades más justas, se necesitan decisiones políticas valientes que prioricen la vida, la equidad y la diversidad frente a la especulación y la mercantilización.
El concepto de “just city” nos invita a repensar nuestras ciudades desde una perspectiva crítica, para que la justicia social se convierta en un objetivo central de la planificación urbana y no en un elemento decorativo de los discursos institucionales. No se trata de una utopía inalcanzable, sino de un horizonte que nos permite orientar políticas concretas, exigir rendición de cuentas y construir ciudades donde vivir bien sea un derecho de todos y no un privilegio de unos pocos. Si aspiramos a ciudades vibrantes, diversas y habitables, la pregunta no es si podemos permitirnos una ciudad justa, sino si podemos permitirnos seguir sin ella.
INTERESANTE: Learning from Susan Fainstein: Do planners have a responsibility to fight for social equity?
